Declaración Pública
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, expresa a la opinión pública nacional e internacional su profundo repudio a la resolución del ministro instructor de la Corte Suprema Héctor Carreño que confirma el sobreseimiento total y definitivo de la causa que ve el asesinato del diplomático español Carmelo Soria ocurrido el julio de 1976 y donde se ha probado la participación en calidad de autores de agentes del estado. La aplicación del Decreto Ley de Amnistía de 1978 viola flagrantemente todas las convenciones y los tratados de derechos humanos suscritos por nuestro país durante los últimos veinte años los que establecen que en los crímenes de lesa humanidad no está permitido la aplicación de amnistías ni prescripciones. Resoluciones como esta muestran la falta de voluntad política y jurídica del Poder Judicial chileno de incorporarse plenamente a la comunidad civilizada internacional. También son una oscura mancha sobre los gobiernos civiles que han sido incapaces de pagar la deuda en derechos humanos a lo que se comprometieron frente al país al iniciar la transición a la democracia. Nuevamente la lucha por no permitir la impunidad en nuestro país recibe un duro golpe que nos impulsa a redoblar nuestros esfuerzos por comprometer a la sociedad chilena con los valores de la verdad y la justicia.
Exigimos el término definitivo de la aplicación del Decreto Ley de Amnistía de 1978, la anulación de todos sus efectos y el respeto de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas donde el Estado Chileno fue condenado por mantener este Decreto Ley oprobioso.
Denunciamos los distintos mecanismos con que los gobiernos de la concertación intentaron sellar la impunidad, como la Mesa de Diálogo y la prohibición de entregar a los tribunales la información recopilada por la Comisión de Prisión Política y Tortura. Esta ha sido la actitud permanente de muchos políticos de la Concertación y de la derecha, pero más grave es que aquellos integrantes del poder judicial, que están para aplicar justicia, no respetan y desconocen la normativa y tratados internacionales sobre las violaciones a derechos humanos.
Repudiamos este atentado a la verdad y la justicia, y vemos en él la intención negar la justicia y de seguir causando dolor a los familiares con estas resoluciones que sólo buscan escamotear el derecho saber la verdad y aplicar la justicia de los familiares.
Los familiares seguiremos denunciando y movilizándonos, por parar todo intento de imponer la impunidad en nuestro país.
Solidarizamos con la familia de Carmelo Soria frente a esta denegación de justicia que en Chile nuevamente daña a una familia chilena. Compartimos su decisión de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para acusar al Estado de Chile de violar los derechos humanos.
Verdad Justicia y Memoria
Santiago 1 de abril 2010
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