viernes, 28 de enero de 2011

Declaración Pública de la AFEP frente el inicio de la investigación de 726 casos pendientes de ejecutado/as político/as en Dictadura

Declaración Publica

La agrupación de familiares político saluda como un hecho histórico muy importante de que el Poder Judicial, de oficio, haya requerido a un tribunal, en este caso al Ministro señor Mario Carroza, para que asuma la investigación y juzgamiento de los 726 casos, pendientes de ejecutados políticos en dictadura en Chile, hasta ahora nunca investigados. Así lo hizo este martes la Fiscal de la Corte Suprema Sra. Beatriz Pedrals. Con ello este Poder del Estado hace algo que debió hacerse en el momento mismo en que estos crímenes sucedieron y que la Corte Suprema de la época, cómplice de la dictadura, no hizo. Se ha cumplido una etapa y valoramos este gesto en todo lo que significa y que contrasta abiertamente con la inoperancia en esta materia de las autoridades del Ministerio del Interior de este gobierno. Cabe recordar que ante la circunstancia de existir más de mil casos similares, el año pasado con el concurso voluntario de abogados y estudiantes de Derecho, nuestra Agrupación presentó más de 300 querellas por estos casos y este año seguirá hacièndose parte y presentando querellas en los mismos requerimientos hechos por el Poder Judicial.


Después de este logro de la lucha de los familiares de ejecutado político, por establecer la verdad y la justicia para cada hombre y mujer y niños asesinados tiene derecho a que sus crímenes se investiguen.

Sin embargo, ESTO NO "CIERRA" LOS CASOS DE DDHH EN CHILE. Queda por ver qué sucederá con estos más de mil casos, que se investigue, pero también que se sanciones a los culpables, pero que vaya con la gravedad del delito. Queremos destacar que existen mas 35.000 casos de torturados que no pueden quedar impunes y seguiremos luchando porque todos los crímenes sean investigados y todos los culpables sean castigados.

Después de esta noticia positiva, no podemos dejar de pronunciarnos ante el reciente fallo dictado por la Sala Penal, de la Corte Suprema, por la desaparición de Antonio Aninao Morales, Rubén Morales Bañares, José Alejandro Ramos Jaramillo, José Moisés Ramos Huina y Gerardo Alejandro Ramos Huina, hechos ocurridos en Septiembre y Octubre de 1973 en la localidad de Melipeuco.

No podemos dejar de repudiar y lamentar profundamente este fallo, ya que las sanciones que reciben estos asesinos, no se condice con la crueldad y alevosía con que se cometieron estos crímenes de Lesa Humanidad.
Fallos como estos debe avergonzar a aquellos jueces que lo dictan ya que le escamotean la justicia a las victimas y le causa un dolor más a sus familiares.

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