Organizaciones de Derechos Humanos y familiares de los detenidos exigen poner fin a la aplicación de la ley antiterrorista y denuncian irregularidades en el proceso

CONFERENCIA DE PRENSA

Con ocasión de audiencia de reformalización en el llamado “caso bombas”

Organizaciones de Derechos Humanos y familiares de los detenidos exigen poner fin a la aplicación de la ley antiterrorista y denuncian irregularidades en el proceso

FECHA: Miércoles 16 de marzo.

Lugar: Sala de Directorio del Circulo de Periodistas

Dirección: Amunategui 31, tercer piso.

Hora: 11 horas.

Conferencistas: Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano; Pablo Ruiz, Comisión Ética contra la Tortura; Viviana Uribe, presidenta de CODEPU; José Miguel Guzmán, CINTRAS; Marcelo Urra, Grupo Psicología por Ñuñoa; Padre Alfonso Baeza. Familiares: Bárbara Faundes, Myriam Tamayo, Verónica Garín,

Con ocasión de la audiencia de reformalización solicitada para este miércoles 16 de marzo por el fiscal del llamado “caso bombas”, Alejandro Peña, familiares de los detenidos el pasado 14 de agosto, en conjunto con organizaciones de derechos humanos, ofrecerán una conferencia de prensa en la que se referirán a la impropia aplicación de la ley antiterrorista y sus implicancias en este caso, vulnerando derechos fundamentales y garantías procedimentales de los imputados, como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Llama la atención que habiendo el fiscal Peña esgrimido tener pruebas suficientes para solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, una vez agotado el plazo de seis meses de investigación concedidos por el tribunal, ésta no solo no concluya, sino que además se solicite una audiencia para recalificar los cargos. Lo que si bien es una facultad legal, dada la ausencia de pruebas aportadas hasta ahora por la Fiscalía, parece constituir un claro intento por aumentar el plazo de investigación y con ello una privación de libertad que podría extenderse por cerca de un año a la espera de juicio.

Durante la conferencia se dará a conocer también la extrema violancia con que las policías han actuado en los allanamientos y detenciones, incluida la presencia y afectación a niños y niñas, así como las condiciones de reclusión en que se encuentran los imputados, nueve de ellos en huelga de hambre desde el pasado 22 de febrero.

Se dará a conocer también una declaración pública firmada por distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, además de un centenar de ciudadanos que piden un juicio justo y la inmediata libertad de los imputados. La declaración será entregada a su vez al Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

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