Un año ha pasado del terremoto/maremoto que afectó la zona centro sur del país, un año en el cual los damnificados y la población en general, no ha visto solucionado sus problemas de vivienda ni tiene certezas de plazos ni condiciones en que tendrán su nuevo hogar, además, hospitales, consultorios, liceos y escuelas dañadas en la catástrofe siguen aún en las mismas condiciones en que amanecieron aquel 27 de febrero.
Frente a esto decimos:
1. Vivienda ahora, digna y participativa
Vivienda ahora
El gobierno, representante del Estado, debe asegurar, en un plazo de dos años máximo, la solución habitacional para todos los damnificados, en sus distintos grados, esto es, reparar las viviendas dañadas en aquellos casos que sean reparables, y en aquellos de perdida total, tener la vivienda nueva en el plazo indicado.
Para esto proponemos:
A- Un programa de subsidios de recuperación cuyo monto esté definido a partir de la magnitud del daño de la vivienda,
de la situación socio económica de las familias y que no exceda el valor de un subsidio de adquisición de una nueva vivienda.
B- La aplicación de subsidios colectivos de reparación en edificios dañados, que más allá de la situación particular de cada propietario, permita la recuperación total de la infraestructura.
C- Dar prioridad a grupos de damnificados sin terreno para la utilización de terrenos fiscales y municipales actualmente
disponibles.
D- Homologar o declarar en forma ejecutiva subsidio de zona típica.
E- Modificación de las políticas de vivienda rural y aplicación de subsidios de reconstrucción para casos de autoconstrucción.
F- Dar el estatus de damnificados, a las familias allegadas o arrendatarias, con certificados emitidos con la calificación
de inhabitable – reparables.
Vivienda digna
Exigimos que las soluciones habitacionales, cualquiera sea el caso, cuenten con el espacio suficiente para la vida familiar, se desarrollen los barrios en condiciones inclusivas, superando los gethos de pobreza, la exclusión social expresada en la ciudad, asegurando el derecho a la localización, a contar con espacios de esparcimiento, a mantener la vinculación de las comunidades con sus fuentes de trabajo, a contar con acceso a salud y educación pública en sus barrios, contar con espacios de esparcimiento y entretención, medidas que tiendan a humanizar las relaciones tanto al interior de la comunidad como de la comunidad con la ciudad en general.
Para esto proponemos:
A - El Estado, haciendo uso de sus facultades, adquiera terrenos hoy para dar solución habitacional de calidad y buena localización a todas las familias damnificadas que vivían en los barrios centrales de ciudades interiores y costeras, y que no son propietarias de terreno y vivienda.
B - Buscar alternativas que compatibilicen la necesidad de gestionar el riesgo con el legítimo derecho de las comunidades a desarrollar las actividades económicas tradicionales que constituyen el sustento de sus habitantes, en aquellos casos que así se requiera.
C - Aplicación simultanea de los subsidios de construcción y ampliación.
D - Utilización de la totalidad del subsidio de localización para la adquisición del terreno (UF200), autorizando uso de fondo de iniciativa o fondo de saneamiento para la habilitación de terreno.
E - Utilización conjunta de todos los subsidios complementarios.
F - Ampliar las zonas definidas de renovación urbana (UF200)
G - Declarar zonas de desarrollo prioritario, adaptándolo a viviendas sociales (UF200)
H- En lo inmediato, proponemos un gesto de voluntad política en el cual, utilizando toda la batería legal existente, se repare el mal causado a Cerro O’Higgins de Constitución, a Villa Futuro Chiguayante (y en todos los conjuntos dañados por el terremoto) usando los mismos criterios e instrumentos de la solución obtenida por los vecinos de Santos Martínez en Curicó. Esta acción simbolizaría, sin duda, el espíritu de una nueva mirada y la decisión de abordar con seriedad este tema.
Vivienda Participativa
La vivienda digna se logrará solo en la medida que la solución habitacional sea considerando los intereses de los damnificados, tanto en el desarrollo de sus viviendas, así como de sus barrios y de las localidades y ciudades en general. Esto exige la intervención directa y organizada de las comunidades involucradas en las decisiones respecto de la gestión y planificación de sus proyectos habitacionales, así como la intervención en el desarrollo de la planificación de sus localidades y ciudades.
Para esto proponemos:
A - Modificar la figura de EGIS y PSAT para permitir el acceso a todas las organizaciones sociales, considerando con ello los mecanismos y recursos necesarios para capacitar a las organizaciones y comunidades en el uso y los distintos aspectos de esta herramienta, para asegurar el acceso igualitario a este beneficio.
B - Crear una nueva figura institucional autónoma que pueda ejercer la función de regular la planificación urbano-
territorial, con carácter vinculante, donde participen todas las partes involucrada, tanto las instituciones del estado, en sus distintos niveles, como las organizaciones sociales, priorizando la participación, para generar el necesario diálogo entre los intereses de la comunidad y las exigencias técnicas.
2. Reconstrucción inmediata de la infraestructura de servicios asegurando su carácter público
Escuelas, liceos, consultorios y hospitales públicos, cayeron o quedaron dañadas producto del terremoto/maremoto, a un año de la catástrofe siguen, muchos de ellos, en el mismo estado, generando con ello hacinamiento de alumnos en el caso de escuelas y liceos, y serios problemas de acceso a la salud en el caso de consultorios y hospitales, esta situación exige la reconstrucción inmediata, en el plazo de un año, de toda la infraestructura caída y dañada, manteniendo el carácter publico, tanto en el acceso como en la administración y gestión de las instituciones, para ello el Estado debe asegurar los mecanismos y recursos necesarios para cumplir con el plazo fijado.
3. Rechazo a la privatización y al lucro en la reconstrucción
A- No a la privatización de agua.
B- No a la privatización del borde costero.
C- Incorporar auditoría de fondos destinados a la reconstrucción (fondos públicos, privados y cooperación internacional)
para mantener la transparencia en todo el proceso.
D- Que se constituya una entidad con amplias facultades para adquirir terrenos que pueda intervenir y frenar procesos
de especulación inmobiliaria.
E- No a las expropiaciones arbitrarias de viviendas sociales.
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